Greenpeace ya había denunciado la incidencia de la deforestación en las inundaciones que sufrió Tartagal en el año 2006: "Hubo desmontes en la parte media y baja del río Tartagal. Allí hay 3.166 hectáreas depredadas. Es decir que la superficie de bosque eliminada, directamente relacionada con el río en la cuenca baja, es tres veces mayor que la superficie de Tartagal. Esto hizo que el curso del río, en vez de seguir encauzado, produjera anegamientos. Al aumentar las lluvias el río acrecentó su capacidad de carga y generó una erosión retrocedente", afirmaba el informe de la entidad ambientalista.
A pesar de esto, los desmontes en la provincia aumentaron considerablemente: durante 2007, en plena discusión parlamentaria de la Ley de Bosques, la provincia de Salta autorizó el desmonte de más de cuatrocientas mil hectáreas. La situación en la provincia es tan grave que algunos de estos desmontes fueron suspendidos, en diciembre pasado, por la Corte Suprema de Justicia en de la Nación, tras un amparo de comunidades indígenas.